El pasado 1 de abril fue publicada en el Diario Oficial la Ley N° 21.809, normativa que modifica la Ley General de Educación y fortalece la convivencia, el buen trato y el bienestar en las comunidades educativas del país. Impulsada por el Ministerio de Educación de Chile (Mineduc), la ley establece un cambio de enfoque, avanzando desde una lógica centrada en la sanción hacia una mirada preventiva, formativa y orientada al desarrollo socioemocional.
La normativa consagra como deber del Estado promover ambientes educativos seguros, inclusivos y libres de violencia, e incorpora como ejes la prevención del acoso escolar, la discriminación y otras formas de maltrato. Además, mandata la creación de una Política Nacional de Convivencia Educativa, que será implementada a través de un plan de acción coordinado entre distintos organismos públicos.
La ley entrará en vigencia el 1 de julio de 2026, por lo que los establecimientos educacionales deberán avanzar en su implementación durante los próximos meses ajustando sus Reglamentos Internos de Convicencia Escolar.
Nuevas exigencias y estándares para los establecimientos
Entre los principales cambios, la ley refuerza el rol de los protocolos internos, exigiendo su actualización en materias clave como maltrato y acoso escolar, incluyendo el ciberacoso, agresiones sexuales y discriminación, con especial énfasis en identidad de género, orientación sexual, nacionalidad y necesidades educativas especiales. En estos casos, se establece la obligación de activar denuncias oportunas ante instituciones como el Ministerio Público de Chile o Carabineros de Chile.
Asimismo, se incorpora la necesidad de contar con protocolos de seguridad en caso de implementar tecnologías como detectores de metales, los que deberán ser consensuados con la comunidad educativa y resguardar la dignidad de los estudiantes.
La normativa también eleva los estándares del debido proceso, estableciendo plazos acotados para las investigaciones internas, la obligación de contar con canales de denuncia seguros e incluso anónimos, junto con el resguardo de la presunción de inocencia, garantizando el derecho a ser escuchado antes de la aplicación de sanciones.
Otro aspecto relevante es la articulación con la Ley Karin, lo que amplía la protección hacia docentes y asistentes de la educación frente a situaciones de acoso o violencia, incluyendo aquellas provenientes de apoderados u otros actores externos, y obliga a implementar medidas de resguardo inmediatas durante las investigaciones.
Recomendaciones y apoyo para la implementación
Desde Edulegal señalan que este nuevo marco normativo representa un desafío significativo para las comunidades educativas, ya que no solo implica ajustes formales, sino también avanzar hacia un cambio cultural en la gestión de la convivencia escolar.
En ese contexto, recomiendan a sostenedores y equipos directivos revisar y actualizar sus reglamentos internos, protocolos y planes de convivencia, asegurando su coherencia con la nueva legislación y su correcta aplicación en cada realidad educativa.
Asimismo, destacan la importancia de contar con asesoría especializada que permita interpretar adecuadamente la ley y acompañar su implementación, evitando errores que puedan derivar en incumplimientos o conflictos.
Finalmente, Edulegal invita a las comunidades educativas a informarse y prepararse con anticipación para la entrada en vigencia de la ley, poniendo a disposición su experiencia en asesoría legal educacional para apoyar este proceso y contribuir a la construcción de entornos educativos más seguros, inclusivos y respetuosos.
